COMO SI FUERA POCO, NO TENER LAS GANAS DE PROTEGER A LAS MUJERES Y ACTIVAR LA ALERTA DE GENERO EN EL ESTADO, TODABIA DECIDEN CRIMINALIZARLAS.
Los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política determinaron no incluir en el orden del día de la sesión del pleno de este jueves la reforma al artículo 4 de la Constitución de Veracruz.
Aunque ese tema ni siquiera estaba enlistado en el orden del día de la sesión plenaria de los diputados y que se ignore de dónde salió la versión de que este jueves se votaría el dictamen de esa iniciativa de reforma.
La reforma detalla que se garantiza el derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Organizaciones sociales dicen que esta reforma generará la criminalización contra las mujeres.
Siguiendo el trámite establecido en Veracruz para realizar reformas a la constitución estatal, este jueves, 12 de mayo, el Congreso local votará por segunda vez la propuesta que protege el derecho a la vida “desde el momento de la gestación”, y que fue presentada por el gobernador Javier Duarte, y grupos católicos antiabortistas.
La iniciativa de reforma –que fue aprobada en primera votación el pasado 21 de enero– adiciona un párrafo al artículo 4 de la constitución estatal, según el cual “el Estado garantizará el Derecho a la vida del ser humano, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural”.
Esta reforma no anula las cuatro causales para realizar un aborto de forma legal en el estado de Veracruz (que son por violación, por inseminación artificial no consentida, espontáneo o por riesgo de muerte para la madre); sin embargo, “sí eleva el ambiente de criminalización contra las mujeres en el estado, en donde, de por sí, los derechos de las mujeres se han visto seriamente afectados en otros rubros de la vida”, destacó Rebeca Ramos, especialista del Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE.
Aunque en Veracruz no existe pena de cárcel para las mujeres que abortan, “las mujeres sí son sometidas a un proceso penal, son juzgadas y, de ser halladas culpables, quedan con antecedentes penales, además, son sometidas a un proceso de sanción que las autoridades denominan ‘tratamiento en libertad’, y que consiste en tratamientos psicológicos que buscan convencer a la mujer de que hizo mal… ese es el proceso de criminalización que enfrentan las mujeres en Veracruz”, subrayó Ramos.
Entre el año 2003 y el 20015, la Fiscalía General del Estado de Veracruz inició 529 investigaciones relacionadas con el delito de aborto, que derivaron en la presentación de 58 personas ante un juez penal, según estadísticas oficiales obtenidas por Animal Político a través de solicitudes de acceso a información pública.
La cifra de personas que han sido enjuiciadas penalmente por el delito de aborto en Veracruz, sin embargo, es mayor de la que reconoce la Fiscalía.
Según el Poder Judicial del Estado, entre 2003 y 2015 fueron enjuiciadas, en realidad, 66 personas por el delito de aborto. Y si esta cuenta se hace del año 2000 al 20015, la cifra aumenta a 84 personas enjuiciadas por interrupción del embarazo.
Además, no es completamente cierto que en Veracruz no se encarcela a las mujeres que abortan.
Oriana López Uribe, coordinadora general del Fondo María –un fondo civil que apoya a mujeres para que acudan a la Ciudad de México, donde el aborto es legal durante su primer trimestre–, señaló en entrevista que “en 2013, una mujer permaneció siete meses en prisión, acusada de homicidio, con el agravante de parentezco.
Es decir, a esta mujer se le acusó de haber asesinado a su hijo, cuando en realidad había sufrido un aborto espontáneo en una clínica de la Cruz Roja… ella no fue acusada de aborto, sino de homicidio, y esa es una práctica común no sólo en Veracruz, sino en todo el país: se equipara el aborto con delitos de otro orden, y a las mujeres que aborta se les acusa de esos otros delitos”.
El derecho a abortar
Como cualquier ciudadano, sin distingo de sus características personales, las leyes estatales y nacionales reconocen que las mujeres tienen el derecho a la salud, a la autonomía reproductiva y el derecho a decidir libremente cómo vivir sus vidas.
Demanda CONAVIM a diputados de Veracruz reconsideren votar ley Duarte sobre la “concepción”
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) aceptó la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) por “agravio comparado” interpuesta por grupos civiles del estado de Veracruz, y exhortó al Congreso local a frenar la votación en segunda vuelta de la iniciativa que reforma el artículo cuarto de la Constitución estatal que “protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural”.
María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), informó que está abierto el proceso para que se conforme el Grupo de Trabajo que analizará los agravios y emitirá a más tardar en un mes las recomendaciones.
En la solicitud realizada el pasado 5 de abril por la organización Equifonía se determinan tres agravios: falta de acceso a los servicios de salud, y a las causales de aborto en caso de violación sexual, criminalización de las mujeres por el delito de aborto, y la amenaza de una reforma constitucional que agrave la problemática de violación a los derechos de las mujeres.
Este “agravio comparado” es el segundo presentado en el país, y el primero que la Conavim acepta. “El acceso a un aborto legal no se da en el país a pesar de que están las causales”, señaló la activista.
Afirmó que la Conavim, que depende de la Secretaría de Gobernación, tendrá que notificar al gobierno estatal y al Congreso veracruzano, la imposibilidad de votar en este momento la reforma, hasta que no se analicen los agravios que violentan los derechos fundamentales de las mujeres.
En conferencia de prensa, junto con la Red por el Derecho a Decidir, Estrada señaló que en Veracruz hay obstáculos para el acceso al aborto legal, y lo más grave es que las mujeres son discriminadas y criminalizadas.
Calificó como “incoherente” querer proteger la vida desde la concepción y no hacer las políticas públicas para evitar embarazos no deseados y atender los casos de violación.
Lanzó un exhorto al gobierno estatal para encaminar los esfuerzos legislativos y de política pública para elaborar un programa sobre salud sexual y reproductiva para mujeres y niñas, que garantice el acceso a la interrupción legal del embarazo como lo mandata la NOM 046.
CON INFORMACIÓN DE: OEM, VANGUARDIA Y PLUMAS LIBRES