Como los peritajes médicos tomados en el momento del accidente certifican que la periodista MariJose Gamboa no estaba ebria y el alcoholímetro marco negativo, el Gobierno del estado ha decidido presionar la doctora Teresita Alvarez Reyes y al oficial de Transito Eduardo Yáñez a los que se les ha conminado a cambiar el parte del estado de salud de la periodista en el momento del accidente.
Por: Pedro Pablo Garcia.
Primero se le hizo una campaña a la doctora perito y medico legista de Boca del Río argumentando que no tenía titulo, algo que ella misma desmintió con su cédula profesional y después empezaron a amenazarla con encarcelarla sino cambiaba el peritaje contra Marijose Gamboa al igual que al oficial testigo del accidente, por si fuera poco “desaparecieron” al jefe de peritos de la delegación que había acusado al director de Tránsito del Estado, Santoyo de amenazas de muerte, hasta hoy no ha aparecido.
Para poder iniciar el juicio en contra de la periodista necesitan tener las pruebas legales del estado físico de Marijose Gamboa y estas no solo no las tienen, sino que las tienen a favor de la periodista de NOTIVER contra la que el gobierno del Estado ha desatado una feroz y despiadada campaña en sus medios y redes desprestigiandola con infamantes calumnias.
A pesar de no tener pruebas, el Gobernador ordenó que fuera encarcelada y humillada públicamente presentandola en la calle esposada y sujetandola a una cruel y despiadada prisión, negandole hasta los auxilios medicos que necesita por las lesiones sufridas en el accidente y por si no fuera suficiente trasladada a media noche a la prisión de Tuxpan alejandola de su familia.
Insisten: La jueza Primera de Primera Instancia del distrito judicial de Veracruz Aleida Sosa, dictó el auto de formal prisión a Eduardo Yáñez Hernández y Teresita Álvarez Reyes, perito y médico legista de Tránsito de Boca del Río por abuso de autoridad en agravio del servicio público.
A ambos funcionarios municipales se les cumplió la orden de aprehensión girada por la juez y se les sigue la causa penal 154/2014, ya en libertad bajo fianza.
A ellos les dictaron el auto de formal prisión, al vencimiento del termino de las 72 horas. Los indiciados, empleados de Tránsito municipal de Boca del Río son señalados de “falsear la información'' para obstaculizar el trabajo del Ministerio Público en la investigación ministerial que se inició luego de la muerte por atropellamiento de José Luis Burela López, el 12 de julio de 2014, para favorecer a la inculpada, María Josefina Gamboa Torales. Ambos siguen el proceso en libertad dado que el delito del que son acusados no es considerado no grave.
PAN pedirá cuentas a Pro-Culín por Caso Marijose!
Por Ana Lilia Velázquez
JALAPA, Ver.- Aprovechando que este martes, la comisión de Vigilancia se reunirá con el procurador de Justicia, Luis Ángel Bravo Contreras, la fracción legislativa del PAN llevará el tema de la periodista “MaryJose” Gamboa Torales en su agenda de puntos importantes, además del seguimiento de las denuncias en contra de ex servidores públicos por desvíos de la Cuenta Pública 2012.
El diputado del PAN, Carlos Fuentes Urrutia, precisó que será importante conocer el caso, “con el procurador que trae todo el tema, que nos explique las razones del traslado de la periodista, es decir, cómo está la situación”.
En entrevista, el legislador blanquiazul precisó que en la reunión de la Comisión de Vigilancia del congreso local, “le pediremos al procurador que nos explique para ver cómo está el caso de la periodista Mary José Gamboa Torales, ya que estamos reunidos con él y somos tres panistas que estamos en la comisión de Vigilancia, pero qué mejor cuestionar al procurador sobre el caso de la periodista”.
La Comisión de Vigilancia tiene cita este martes con el procurador Luis Ángel Bravo Contreras, para conocer del avance sobre las denuncias en contra de ex alcaldes y entes fiscalizables.
Por un daño patrimonial de 285 millones 568 mil 271 pesos en la Cuenta Pública 2012, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) denunció ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz (PGJ) a ocho ayuntamientos y dos entes fiscalizables, pues no lograron solventar ni reponer los recursos.