Inicia Profepa procedimiento contra empresa por obras en Dunas de San Isidro
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó del inicio de un procedimiento contra la empresa La Piedra, por obras que realiza en la zona de las Dunas de San Isidro.Enrique Lobato Luna, subdelegado jurídico de la delegación de la Profepa en Veracruz, evitó dar detalles sobre la acción, pero confirmó que se levantó un acta e inicio un procedimiento administrativo contra la empresa, luego de una visita realizada la semana pasada.
“Se inició un procedimiento administrativo”.
“Pero no es el único, se han iniciado otros derivados de lo cual hubo resoluciones sancionatorias (contra la empresa)”, expuso.
El funcionario evitó confirmar si dicha acción se debió a la apertura de un camino con maquinaria sobre las dunas por parte de la empresa.
Sólo añadió que la intervención de la Profepa fue debido a que las dunas son “un ecosistema costero regulado en el artículo 28 fracción 9 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente”.
Y “las obras y actividades requieren, si se trata de desarrollos inmobiliarios, autorización de impacto ambiental expedido por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales”.
Por su parte, el delegado de la Profepa, José Eduardo Silva Bolio, comentó que si hay alguna obra sin autorización en la zona de dunas “tendrá que pararse”.
“No debemos permitir que esto siga, si es ilegal, se tendrá que parar”.
Compran dunas a precios de ganga
Cientos de hectáreas de dunas de Actopan fueron compradas a precios de ganga por el grupo industrial La Piedra.Así lo revelan documentos en poder de Plumas Libres.
Sin embargo, se tratan de operaciones irregulares que se sustentan únicamente en un supuesto contrato privado antiguo, del que no hay pruebas de su veracidad.
Por si fuera poco, pese a que son antiguos, los registros de las dunas por ese primer contrato revelan una precisión sólo posible mediante mediciones realizadas con el Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés), que entró en operación después del 2000.
Esto ha dado pie a la presunción de que se trate de documentos apócrifos.
La historia
Supuestamente el 6 de enero de 1976, José Martínez Morán, originario de La Barca, Jalisco, “vecino de la Villa José Cardel, Veracruz”, vende dos porciones de terrenos denominados Arenales de la Hacienda de La Mancha, a quienes se ostentan como campesinos de la comunidad de Palmas de Abajo: Camerino Domínguez Barradas, Felipe Aguilar García, Cliserio Montero Rivera, Bartolo Barradas Vivanco, Francisco Domínguez Morgado, Aquiles Melgarejo Barradas, Inocencio López Vivanco, Federico Lendechi Domínguez, Ramón Cuevas López.
Por la primera porción, de 470 hectáreas, 54 áreas y 20 centiáreas, pagan 500 mil pesos.
Y por la segunda, de mil 426 hectáreas, tres áreas y 87 centiáreas, 350 mil pesos.
Según el vendedor, José Martínez Morán, estos terrenos los compró el 20 de octubre de 1920 a María Rosa de la Cueva, para lo cual asegura contar con un contrato privado del cual sólo se dice “se entrega a los compradores”, sin que haya pruebas de la existencia del mismo.
De esta operación se tiene conocimiento por otro documento.
El oficio RPP/DT/2401, del 7 de diciembre de 2007, firmado por Sergio Flores Armida, en ese entonces subdirector del Registro Público de la Propiedad en el Estado de Veracruz.
A través del mismo, dicho funcionario sólo informa que “se autoriza la inscripción definitiva” de dicho contrato privado en el Registro Público de la Propiedad, debido a que “nos percatamos que tiene más de diez años de antigüedad, se encuentra controlado fiscalmente y al corriente en el pago del impuesto predial”.
Finalmente, es hasta el 24 de julio de 2009, cuando se formaliza el registro de dicho contrato privado.
De ahí se sostiene la propiedad de cientos de hectáreas de dunas.
Para el 28 de julio de 2009 –un mes después del registro formal del contrato-, se lleva a cabo la siguiente venta de la propiedad.
En esta ocasión sólo de la segunda porción del terreno, la de mil 426 hectáreas, tres áreas y 87 centiáreas.
Esto queda asentado a través de los documentos con los folios 90340 al 90343, emitidos por el notario público número cuatro de Xalapa, Enrique Casazza, quien dio fe de la venta de que hicieron los campesinos de Palmas de Abajo a Celerino Pérez Guevara de las porciones de terreno compradas a José Martínez Morán.
La transacción se establece por un monto de 2 millones 860 mil pesos.
Finalmente, el 8 de agosto de 2009, se hace otra venta.
Es el acta notarial -numero 43 mil 366- expedida por el notario público número 17 de Córdoba, Francisco Portilla Bonilla, se da cuenta de la venta hecha por Celerino Pérez Guevara de las dunas a “la sociedad denominada Grupo Industrial La Piedra” por un monto de 2 millones 870 mil pesos.
Como representante de la empresa figura “Joaquín Rodríguez Fernández”-originario de Cangas de Narcea, Asturias, España, quien vive en Veracruz y es naturalizado mexicano-, en su carácter de apoderado legal.
En la misma acta notarial se señala que la empresa industrial La Piedra fue registrada apenas el 6 de septiembre de 2001, en la notaria pública número 25 de la ciudad de Veracruz, a cargo de Gerardo Gil Ortíz, como una sociedad anónima de capital variable. Esta además es resultado de una sociedad mercantil de la Inmobiliaria Narcea, representada por Alfonso Nachón Rodríguez y la Inmobiliaria Allandesa, representda por Guillermo Efrén Hernández Reyes.
En el acta se refiere únicamente que su domicilio “es la ciudad de Veracruz” y que tiene por objeto, entre otras cosas, la explotación de yacimientos y el desarrollo y edificación de infraestructuras de diversos tipos, además de la supervisión de proyectos y obras, la construcción de viviendas, la venta y arrendamiento de inmuebles. En el año 2003, se señala asimismo que la empresa, que inició con un capital de 400 mil pesos, recibió un aumento de la misma por 7 millones 138 mil pesos.
Para autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria, dichos contratos carecen de sustento legal, toda vez que en el año 2005, a instancias de campesinos de San Isidro, se delimitaron Las Dunas de San Isidro.
Para ello dicha dependencia utilizó tecnología de punta en ese momento e investigó en los registros públicos si había alguna propiedad, sin embargo, al no encontrarla, el lunes 10 de julio de 2006 publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución que señala:
“Se declara que el terreno al que se refiere la presente, es nacional, conformándose por un mil 426 hectáreas, tres áreas, 87 centiáreas, con las colindancias, medidas y ubicación geográfica descritas en la presente resolución”.
El decreto está firmado con fecha del 29 de junio de 2005, por el entonces secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame.
De ahí la sospecha que la documentación exhibida por la empresa pudiera ser apócrifa, lo mismo que las mediciones registradas en los documentos antiguos.
Mapa moderno y antiguo de las dunas. Precisión matemática insólita.
Huye funcionario ligado a conflicto por dunas
El director del Consejo para el Desarrollo del Papaloapan (Codepap), Ramón Ferrari Pardiño, evadió hablar sobre su presunta participación en la compra de terrenos en las dunas de San Isidro.Los campesinos de San Isidro, en Actopan, han denunciado que uno de los propietarios de la empresa La Piedra, misma que está realizando trabajos de construcción en las dunas, y que amenazan a este ecosistema, es Ferrari Pardiño, y hasta mostraron unas escrituras en las que aparecía su nombre, y que resultaron ser falsas ante la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA).
Otro de los implicados en el caso es Juan Martínez Sánchez, ex funcionario de la SRA quien resultó inhabilitado por diez años a cargos públicos por la Secretaría de la Función Pública por malos manejos.
Ramón Ferrari estuvo presente hoy en la puesta en marcha de una serie de obras por parte del gobernador Javier Duarte de Ochoa en la cabecera de Boca del Río.
Sobre el tema de las dunas algunos reporteros trataron de entrevistarlo en la mesa donde se encontraba, junto al alcalde Salvador Manzur, el presidente local de la Canaco, Erick Suárez Márquez, entre otros. Ante la insistencia de la prensa, el también empresario restaurantero se levantó de la mesa y se marchó a esperar, lejos de los medios, el arribo del Ejecutivo.
La entrevista:
-Don Ramón Ferrari, hay una polémica entre usted y las dunas de San Isidro –se le preguntó.
-Ni las conozco (las dunas), ni sé.
-Pero se le menciona mucho como comprador de las dunas…
-No sé a qué se refiere.
-Pero porqué lo mencionan tanto en los medios, no tiene nada que decir, ¿defenderse?
-Es que no sé, no sé de qué me hablas
-¿Qué no lee periódicos?
-No.
-Pues se le señala como propietario de alguna parte de esas dunas
-No, para nada. Es un tema de una empresa particular que andan investigando.
-¿Y usted?
-Yo no estoy metido. No es mi tema
-¿No tiene relación?, y porqué mencionan tanto su nombre.
-Para nada, para nada. Con mucho gusto los atiendo, pero no tengo nada más que ver con eso.
Tras esa respuesta, saludó al reportero, de mano, en señal de despedida y de que la entrevista había terminado. Antes de que se marchara, otros comunicadores trataron de entrevistarle, tajante, dijo que daría entrevistas siempre y cuando fueran sobre su trabajo en Codepap.
La Secretaría de la Reforma Agraria aseguró que son ilegales las escrituras exhibidas por el grupo industrial La Piedra para hacerse de Las Dunas de San Isidro.
Ilegal, escrituras de empresa en Dunas de San Isidro, confirma SRA
La Secretaría de la Reforma Agraria aseguró que son ilegales las escrituras exhibidas por el grupo industrial La Piedra para hacerse de Las Dunas de San Isidro.Y señaló que en los próximos días la SRA solicitará a las autoridades ambientales la declaratoria de Area Natural Protegida a las dunas.
El delegado de la SRA en Veracruz, Alberto Meza Abud, señaló que ningún interés empresarial poderoso está por encima de la ley y de la protección al medio ambiente.
Recordó que desde 2005 y 2006, la dependencia federal comenzó los trámites y logró la declaratoria de mil 426 hectáreas como terrenos nacionales de las dunas de San Isidro o Los Médanos de Actopan.
El funcionario señaló que desde entonces en esta zona “no existe ningún documento expedido por la SRA a nombre de un particular o empresa”, por lo que dijo es ilegal la escritura que posee la empresa La Piedra en la zona.
“Esa escritura es de 2009 y carece de validez por contarse con una declaratoria desde 2005″.
“Carece de cualquier validez en términos legales”.
Meza Abud indicó que en términos jurídicos “los terrenos nacionales son primero en tiempo y en derecho”.
“Si yo tengo un terreno nacional, la primera autoridad de acuerdo a la ley agraria para poderlo solicitarlo bajo su resguardo es el gobierno federal, en segundo, el gobierno estatal para considerarlo como de utilidad pública, la tercera es la autoridad municipal y el un cuarto elemento es un particular, siempre y cuando no exista una solicitud de los tres primeros, pero en este caso la SRA y el gobierno federal no titularán a nombre de nadie y protegerán las dunas como área natural protegida y las entregaremos en coordinación con las autoridades ambientales, al gobierno federal para que obren en custodia a partir de ese momento”.
El delegado de la SRA aclaró que la única titulación que se hará de predios ubicados en la primera declaratoria de terrenos nacionales sería a 40 familias del poblado de San Isidro de 92 hectáreas, que llevan más de 30 años de posesionarios. Y esto debido a un amparo emitido por el juzgado segundo de distrito en el estado al resolver el expediente 1396/2009.
Sin embargo, dijo que la entrega de estas hectáreas se hará previa medición de la zona del decreto, evitando afectar a las dunas.
“Nosotros titulamos pero cuidamos la parte del impacto ambiental que se tenga que proteger y en este caso particular protegeremos las dunas, para que queden más de mil 300 hectáreas ahí”.
“Una vez que hayamos medido y deslindado, paralelamente hacemos una investigación ante el Registro Público de la Propiedad, catastros municipales para verificar que no afectamos a terceros o a un dueño -en otras zonas fuera de las dunas-, después emitimos los títulos agrarios o de bienes nacionales y, el siguiente paso es enviar la información a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales “Semarnat) y a la Comisión Nacional de Aéreas Naturales Protegidas (Conamp) para que emitan la declaratoria de que (las dunas o médanos) es un Área Natural Protegida y se quedan bajo el resguardo de dicha dependencia ambiental las más de mil 300 hectáreas”.