Desesperacion Autoritaria.
28 DE SEPTIEMBRE DE 2011
ANÁLISIS
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El régimen reacciona de manera desesperada ante su evidente fracaso en el propósito de controlar la violencia y el descontento social que recorren el país. En lugar de resolver los problemas de fondo, diariamente profundiza su estrategia propagandística y represiva.
Hace tres semanas el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, encarceló injustamente a la periodista María de Jesús Bravo y al maestro Gilberto Martínez por reenviar en las redes sociales información que tenían, pero que resultó ser falsa, sobre la comisión de actos de violencia en algunas escuelas primarias de Veracruz. (Mi análisis aquí: http://bit.ly/oVyB37.) Si bien el gobernador ya los “perdonó” por un delito que nunca cometieron, simultáneamente ha hecho aprobar en el Congreso del estado una verdadera aberración jurídica que penaliza no solamente la libertad de expresión, sino también el miedo y la solidaridad social.
El pasado martes 20 de septiembre se publicó en la Gaceta Oficial de Veracruz una reforma al Código Penal del Estado para incluir el nuevo delito de “perturbación del orden público”. A quien, “por cualquier medio, afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros, de ataques con armas de fuego o de sustancias químicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, ocasionando la perturbación del orden público, se le impondrá prisión de uno a cuatro años y multa de 500 a mil días de salario mínimo, atendiendo a la alarma o perturbación del orden efectivamente producida”.
Esta reforma viola todos los tratados y criterios internacionales en materia de libertad de expresión, ya que castiga la comunicación “por cualquier medio”, sin especificar, y no exige la existencia de “dolo” o alguna intencionalidad antisocial. Así, hoy en Veracruz cualquier ama de casa que advierta a su vecina que tenga cuidado cuando va al mercado porque escuchó disparos en la esquina, aunque esto no haya ocurrido, puede ser aprendida y llevada a la cárcel por cuatro años. En contraste, los verdaderos delincuentes tienen permiso para colocar en la vía pública 35 cadáveres con toda calma y a plena luz del día en medio de una de las zonas más transitadas y turísticas de la entidad.
Esta grosera e insultante contradicción es el perfecto botón de muestra de la crisis institucional que existe hoy en México. Nuestros gobernantes están más preocupados por callar a los ciudadanos y a la crítica social que por detener la violencia y la corrupción.
Afortunadamente, todavía existen algunas vías jurídicas para revertir la Ley Duarte. El ómbudsman nacional, Raúl Plascencia, debería presentar inmediatamente una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. (Aquí la solicitud redactada por dos destacados activistas: http://bit.ly/p63QO9.) La procuradora general de la República, Marisela Morales, también debería hacer lo propio. De otra forma, se evidenciará ante la opinión pública nacional e internacional como una cómplice directa de la represión encabezada por Duarte.
Una omisión en la materia de parte de la PGR también daría luz verde para la eventual aprobación de reformas similares en otras entidades federativas e incluso a nivel federal. Por ejemplo, el Congreso de Tabasco ya se encuentra en proceso de dictaminación de una reforma que penaría la “alarma social” al estilo veracruzano. Lo que está en juego es ni más ni menos que nuestra misma convivencia democrática.
Fuente: Proceso.