Muy lejos está el Gobierno de Javier Duarte, de ser uno, que ofrezca soluciones concretas a problemas reales, el dato duro, contrarresta siempre al discurso.
Jueves 14 de Febrero del 2013.
Por: Maryjose Gamboa
En lo que si se están volviendo expertos, es en la conformación de Comisiones especiales o Consejos “ciudadanos” para entretener a los veracruzanos en lo que acaba el sexenio, no hay duda, desde que se inventaron las comisiones, se acabaron los p…endientes.
Inició el Procurador de Justicia del Estado, Amadeo Flores Espinosa, con la instalación ya de manera formal, de los “Consejos de Participación Ciudadana en materia de Procuración de Justicia” cuyo objetivo, es “vigilar” la actuación de Ministerios Públicos y demás funcionarios implicados en “procuración” de justicia, por zonas en toda la entidad. Sin embargo y al igual que el resto de la Comisiones o Consejos ciudadanos, lo que menos tienen, “son ciudadanos”. En su mayoría, los conforman los mismos que están en el poder, es decir, se “supervisan” a ellos mismos.
Dice el Procurador que “No hay tiempo para la improvisación en el tema de seguridad y que la justicia se construye con acciones”, lamentablemente para los ciudadanos, la declaración es parte, del discurso de siempre. Sólo ellos pueden pretender, que a través de “Consejos ciudadanos” se eficientará la procuración de justicia, en un estado, en donde ni siquiera se han dado a conocer los resultados de los exámenes de confiabilidad aplicados a altos mandos del Gabinete, incluido el propio Procurador. ¿No sería más efectivo empezar por ahí, por una depuración de altos mandos, en lugar de andar creando más estructura burocrática?
De manera extra oficial, trascendió que ni el 20% de los que lo presentaron, resultaron aprobados, pero que las cosas se quedarán tal cual, por dos razones; la primera, porque se destaparía una cloaca, de la que difícilmente pudieran salir librados, y la segunda y más importante, porque el estado no tiene dinero ni para liquidarlos a casi todos, aun cuando se les diera solo una parte proporcional.
Si el compromiso fuera real, se tendría entonces que partir de datos duros, cifras reales y no las optimistas que se sueltan siempre. Por ejemplo, a nivel nacional, según el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C., de cada 100 delitos que se cometen, 20 son investigados, 9 llegan a ser juzgados y 1 se castiga, Veracruz es de los 10 estados que mayor rezago presenta en expedientes.
Según un reporte elaborado por CIDAC, con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, CONAPO e INEGI, en el estado, de cada 100 mil habitantes, menos de 1000 denuncian los delitos de los que son víctimas. En cuanto al índice de incidencia delictiva de la entidad es en efecto de los más bajos del país, 5,439por cada 100 mil habitantes, pero no porque se registren menos delitos que en el resto del país, sino porque los Veracruzanos, son de los que menos confían en la autoridad como para denunciarlos.
En las cifras negras por entidad federativa, que engloba los delitos cometidos pero no denunciados, Veracruz presenta un 83.2 % de delitos que no se le reportan a la autoridad. De cada 10 delitos que se cometen en la entidad, 1.7 son denunciados. Según el reporte mencionado, los tres principales motivos por los que la gente no denuncia, es porque para el 39% significa una pérdida de tiempo –no confían en que se vaya a resolver-, el 16% porque desconfía directamente de la autoridad a la que se le está denunciando y el 10% porque considera que los trámites son largos y difíciles.
En México, el tiempo para integrar una averiguación previa, es en promedio de 130 días, y el 41.3% de la población recluida en un centro penitenciario, está aún espera de una sentencia.
Estas cifras, son las que Amadeo Flores pretende combatir a través de Consejos Ciudadanos, el doble discurso recae en que los Consejos, en que su mayoría, estarán conformado con los propios Sub procuradores de Justicia, o funcionarios del gabinete, de los cuales se desconoce, si pasaron o no, el examen de confiabilidad, aplicado por las autoridades federales.
Se pretende que el ciudadano confié en la autoridad, pero sus derechos son vulnerados constantemente, por ejemplo, el derecho a saber, en qué nivel de “confianza” están los encargados de cuidarlos. Este hibrido de control oficial y participación “ciudadana” tan recurrido por Gobierno del estado, no es más que una manera engañosa de trasladar la responsabilidad de la autoridad, al propio ciudadano, pero reservando ellos, el dinero público destinado a esa área en particular, o lo que es lo mismo, la misma agarradera de pen…intentes de siempre.
Hablando de…..
Vaya caja de pandora que abrió el periodista Jorge Morales, al denunciar la manera en la que se utiliza el presupuesto de la flamante Comisión Estatal para la “Atención” y “Defensa” del gremio periodístico en la entidad.
Morales denunciaba que había recibido un “apercibimiento” por parte de la Secretaria Ejecutiva, Namiko Matzumoto, por ventilar que solo el 5.2% de los 15 millones entregados a la Comisión se destinaría a apoyar a los compañeros y que el resto se quedaría en sueldos de los propios funcionarios, aun cuando trascendió de manera extraoficial, que hay por lo menos tres reporteros, que requieren apoyo urgente, ya que fueron trasladados a otra ciudad, por sus propias empresas, por motivos de seguridad y después fueron abandonados a su suerte.
Cuestionados al respecto, legisladores locales se comprometían a revisar el tema, Danilo Alvízar, uno de ellos, sin embargo, las arbitrariedades están a la vista de todos. Según el propio reglamento de la Comisión, ni Namiko Matzumoto tiene la autoridad para decidir de manera unilateral la manera en la que se ejercerá el presupuesto, ni existe justificación legal, bajo la cual pueda “llamar la atención” a un comisionado, como es el caso de Jorge Morales, por exhibir, las irregularidades que se cometan.
El sueldo que se puso la “defensora” del gremio, rebasa los 60 mil pesos mensuales, pero en el caso de los comisionados, se les cataloga como puesto “honorario” por lo que sólo reciben como “bono” 20 mil pesos al mes, sujetos claro al criterio de la Secretaria Ejecutiva.
También, se da a conocer que mientras muchos medios de comunicación de peso en la entidad, no fueron tomados en cuenta para que alguno de sus directivos o empleados formara parte de la Comisión, empresas como Televisa Veracruz, tiene dos comisionados, y otros que si se incluyeron, ni siquiera se presentan a las sesiones.
En buenas manos estamos ciudadanos y reporteros, las dependencias creadas para “cuidarnos” son a las que no les tiembla la mano para acabar con los que no se “alinean”.